Petición Parlamento Europeo por infracción de las directivas comunitarias por parte de la aseguradora Mapfre

La Asociación ALMAS presentó una petición al Parlamento Europeo en Junio del año 2022, cuya finalidad era demostrar que los contratos de adhesión que redacta e impone la aseguradora Mapfre, son contrarios al Derecho de la Unión, y concretamente a la Directiva (UE) 2016/97 de 20 de enero del 2016 de distribución de seguros (DDS) traspuesta al ordenamiento español por el RD 3/2020 de 4 de Febrero.

La petición fue admitida en Octubre del 2022.

En nuestra petición se argumentaba que estos contratos son contrarios al Derecho de la Unión europea por las siguientes cuestiones:

1.- Limitan el ámbito de actuación del agente según la cláusula de territorialidad de estos contratos. (Cláusula Tercera).

2.- Establecen sistemas de remuneración que generan conflictos de intereses al imponer metas y objetivos fijados por la aseguradora y basados únicamente en intereses económicos en detrimento de la obligación de actuar siempre en el mejor interés de sus clientes. (Cláusula Sexta)

3.- No cumplen las disposiciones específicas sobre prevención, detección y gestión de conflictos de intereses establecidas en los artículos 27 y 28 de la Directiva sobre la distribución de seguros. (Cláusula Octava)

Nuestra petición fue contestada en Mayo del 2023 con los siguientes considerandos:


1) La DDS contiene normas y procedimientos específicos para el ejercicio de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento por parte de los intermediarios de seguros (artículos 4 a 9 de la Directiva). Cualquier cláusula contractual que restrinja o suprima la libertad de los intermediarios para realizar actividades en las condiciones establecidas en la DDS o en el Derecho primario de la UE sería contraria al Derecho de la Unión.

2) El artículo 17, apartado 3, de la Directiva sobre la distribución de seguros obliga a los Estados miembros a garantizar que los distribuidores de seguros no sean remunerados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. En particular, «un distribuidor de seguros no establecerá ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que este o sus empleados recomienden un determinado producto de seguro a un cliente si el distribuidor de seguros puede ofrecer un producto diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente».

3) Las normas específicas sobre conflictos de intereses de los artículos 27 y 28 de la DDS forman parte del capítulo VI de la Directiva, titulado «Requisitos adicionales en relación con los productos de inversión basados en seguros». Se aplicarán únicamente «cuando la distribución de seguros se refiera a la venta de productos de inversión basados en seguros» realizada por intermediarios de seguros o empresas de seguros. El contrato de adhesión objeto de la petición se refiere únicamente a la distribución de pólizas de seguro de automóviles. Por lo tanto, los artículos 27 y 28 de la DDS no son aplicables en el presente contexto.

Sugiriendo que lleváramos el asunto ante las autoridades nacionales competentes (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones)